viernes, 28 de junio de 2013
Amenaza Ambiental en Ciernes en Sanchez Ramirez
La provincia Sanchez Ramirez,
específicamente su municipio cabecera de Cotui, desde antes de la
colonización viene extrayendo oro de la zona de Pueblo Viejo. Es una
riqueza enterrada en esas montañas de Montenegro que ante tantas
necesidades sociales y una deuda externa considerable se entiende que,
no obstante las razones válidas de los ecologistas, se debe adoptar una
posición ecléctica y explotar la mina para resolver parte de nuestros
problemas. El valor de la mina, al precio del oro de hoy y con nuevos
hallazgos es según se dice de aproximadamente US$50,000,000,000.00
(cincuenta millardos de dólares).
Todos sabemos que en la actualidad se está renegociando el contrato con
la empresa Barrick Gold, en lo que tiene que ver con el aspecto
económico y que tenemos la esperanza de que, como se ha anunciado,
tendrá mayores utilidades para el país. Es por esto, que en la provincia
Sanchez Ramirez se está evaluando qué hacer con la eventual asignación
del 5% que le corresponde a la provincia y como administrarlo. Por un
lado escucho decir que fue creado el Consejo Provincial para la
Administración de los Fondos Mineros (FOMISAR) y por otro lado, sectores
agrupados en una mancomunidad y sectores sociales se oponen a que sea
entregado al FOMISAR.
Esta nueva entidad se creó mediante la ley 91-05 para sustituir el
articulo 117, párrafo II de la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos
Naturales que dice: “Cuando se trate de recursos naturales
no-renovables, el o los municipios donde esté ubicada dicha explotación,
recibirán el cinco (5%) de los beneficios netos generados”. El espíritu
de esta ley es la de detallar la forma en que se distribuirán estos
recursos. Me llama la atención que dentro de los miembros de la Asamblea
General que conforma el FOMISAR, figura el ITECO (Instituto Tecnológico
del Cibao Oriental) y como para reciprocar la gentileza, el ITECO en su
Consejo de Regencia incluye como miembro ex oficio al FOMISAR.
Este matrimonio del FOMISAR y el ITECO es lo que explica que en un
proyecto de ley que cursa en el Congreso de la Republica que oficializa
al ITECO como universidad del Estado, en su artículo 2 dice que el ITECO
queda instituido con el nombre de UTECO (Universidad Tecnológica del
Cibao Oriental) y en el articulo 14 consigna lo siguiente: “El UTECO
dispondrá de una partida del Consejo Provincial de los Fondos Mineros
(FOMISAR) equivalente al 25 % (VEINTICINCO POR CIENTO) de los ingresos
que reciba como consecuencia de las actividades mineras”.
Es decir ya se inició el reparto del 5 % (aunque la población de Cotuí
no se ha enterado), el FOMISAR entiende que hay que darle la cuarta
parte de estos recursos al ITECO . Pero hay más, la ley 91-05 dice en su
artículo 4, que: a) el 40 % se invertirá en el municipio de Cotui, b)
el 40 % para Cevicos, Fantino y Villa La Mata, c) el 10 % para Monseñor
Nouel y d) el 10 % para las secciones de Tocoa, Zambrana y Chacuey.
Imagínense que conforme al nuevo acuerdo del Estado con la empresa
Barrick Gold, en el periodo 2013-2016 se le entregarán al Estado
US$2,200.00 millones. ¿Cómo se distribuiría esta cantidad? veamos:
a) El 40 % (del 5%) para cotui, significarían US$44.00 millones de los
que habría que sacar el 25 % para ITECO (US$11.00), le quedarían
US$33.00 millones. Me pregunto si ese 10 % de Tocoa, Zambrana y Chacuey
no se pudieron sumar a Cotui, siendo que pertenecen a este municipio.
Pero lo más extraño es que le tocaría un 10 % a Monseñor Nouel
(US$11.00, el mismo monto que le tocaría al ITECO). Entiendo que esto
contraviene el Artículo 117 de la ley de Medio Ambiente que claramente
se refiere al municipio en donde esté ubicada la explotación.
No se puede alegar que por la cercanía con el municipio de Maimón,
porque cuando los ejecutivos de la mina Cerro Maimón entregaron los
recursos del 5 %, no compartieron este dinero con ningún otro municipio
(como es correcto de acuerdo a la ley), así que este punto de la ley
91-05 viola la ley 64-00 y el hecho de que se esté aplicando el articulo
117 párrafo II, significa que no es cierto que la ley 91-05 este
sustituyendo o derogando la ley de Medio Ambiente en este aspecto.
Entendemos que el 5 % debe distribuirse completamente como dice la ley
64-00 al municipio en donde está ubicada la mina tal y como se viene
haciendo en el municipio de Maimón con su mina regenteada por CORMIDOM.
Ahora bien, este es el enfoque económico que se deriva de las
actividades de la explotación aurífera, pero posiblemente lo más
importante es el impacto ambiental como consecuencia de la alteración
del ecosistema. En países en donde se han cerrado minas de oro a cielo
abierto han provocado daños profundos que luego de décadas aún no se
recuperan del desequilibrio provocado. La empresa enarbola una supuesta
minería responsable, pero no conocemos cual es el protocolo para
monitorear la toxicología ambiental (los elementos químicos que están
alterando el equilibrio biológico de nuestra provincia). Es decir en
toda explotación minera se mide lo que se conoce como límites máximos
permisibles (LMP), establecidos para el agua, el aire y el suelo. Lo que
se persigue es que las emisiones de sulfuros y el contenido de cianuro
estén por debajo de su LMP y así garantizar que el ecosistema no sea
alterado.
De lo que estamos hablando es de algo grave, sufriremos la contaminación
del aire mediante la emisión de grandes cantidades de monóxido de
carbono, ácido sulfúrico, cianuro de sodio, incremento de las
temperaturas, etc. En el suelo tendremos contaminación por metales
pesados como el cobre, plomo, cadmio, mercurio, arsénico y la
acidificación por la acumulación de sulfuros. Finalmente en el agua
tendremos la afectación de la presa de Hatillo que ya vimos en el 2010
que murieron miles de peces y ganaderos de la zona como Hernando Alonzo
expresaron que han tenido que contratar camiones cisternas para
aprovisionar de agua a los animales ante el temor de que mueran
envenenados.
Tendremos que sufrir las consecuencias de aguas superficiales y del
subsuelo acidificadas con PH de 2.0 a 3.0, en toda la zona producto del
drenaje acido de minas (relaves), que son los efluentes producto de la
trituración de las rocas que luego son sometidas a procesos de lavado
con sustancias químicas como el cianuro. Por esta razón, la
Environmental Protection Agency (EPA), establece que la cantidad más
alta que se permite de cianuro en el agua es de 200 microgramos por
litro de agua o 0.2 partes por millón (ppm). En el aire el límite
permitido de cianuro es de 10 ppm o 11.0 miligramos de cianuro por m³ de
aire, durante una jornada laboral de 8 horas.
Esperamos que parte del dinero que le corresponda a la provincia Sanchez
Ramirez sea para monitorear el límite máximo permisible (LMP) de
contaminantes tanto en el aire, el suelo y el agua de tal modo que esta
mega minería que tenemos y tendremos por más de 25 años no cause
estragos en la fauna, la flora y la salud de los habitantes de todo el
Cibao.
Sugerimos la posibilidad de que los depósitos de la presa del Llagal que
contiene los relaves sea paulatinamente eliminada por ser un peligro
potencial futuro de una catástrofe ecológica en la zona y en su lugar
explorar la posibilidad de instalar una tubería hasta el mar y depositar
en las aguas profundas del atlántico estos desechos, ya en otros países
se ha probado con éxito esta alternativa. Ojala podamos hacer
conciencia de una verdadera minería responsable procurando que en
nuestro municipio puedan coexistir la minería, la floresta, las aves,
los reptiles, los arácnidos y sobre todo los seres humanos, que la presa
de Hatillo pueda seguir siendo la ilusión de convertirla en una zona de
turismo ecológico con sus guácaras tainas, que las aguas de la presa
puedan ser evaluadas periódicamente y si los contaminantes superan el
límite máximo permitido exigir y hasta multar a la empresa hasta que
devuelva la inocuidad a nuestras aguas. Es un sueño, un bello sueño como
decía Martin Luther King, “I have a dream”. ramdelarosa@yahoo.com
Roban Equipos Junta Electoral Fantino
FANTINO, Sanchez Ramirez.- Desconocidos
penetraron en la noche de este domingo al
edificio que aloja las oficinas de la Junta Municipal Electoral de Fantino, llevándose consigo los equipos vitales para el desempeño de las funciones de la institución.
Según informaciones de primera mano, se llevaron el datacard, con el cual se reproduce la cédula de identidad y electoral. Ademas cargaron con Ups, Cpu, pantallas y la impresora.
Producto de las pesquisas realizadas por
la policía nacional de puesto en Fantino, 2 personas han sido apresadas
y puestas a disposición de la justicia.
Se rumora que hay militares detenidos, los cuales debían custodiar las oficinas y no estaban dando cumplimiento con su servicio.
La policía científica tomó las huellas e
hizo un levantamiento en la escena. Ademas, una comisión de la JCE,
conformada por 4 personas se presentó a investigar el robo perpetrado.
Es la primera vez que ocurre un hecho
como este en la ciudad y precisamente, cuando ya está terminado el nuevo
edificio que alojará los inquilinos de la Junta Municipal Electoral de
Fantino, en un nuevo y amplio espacio, construido exclusivamente para
sus oficinas.
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